Para explicar de donde emanan los derechos de Aragón como “nacionalidad histórica”, un término que también aparece en el Estatuto de autonomía, la ley se remonta a la creación del Reino de Aragón en 1035 y a cómo “sucesivas generaciones de aragoneses y aragonesas” fueron construyendo esta “nación”. De hecho, la disposición final primera del documento tiene una gran carga simbólica al pedir que se derogue el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, que “supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón antes de Felipe V”
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