La Comisión Europea ha creado este lunes un nuevo mecanismo de vigilancia con el objetivo de supervisar si los Estados miembros realizan suficientes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bruselas pretende lograr un mayor compromiso político de los Gobiernos en el combate contra este delito, que tiene un coste anual de 120.000 millones de euros para la economía de la UE (el 1% del PIB).
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