El Gobierno español también deberá devolver a las arcas comunitarias algo más de un millón de euros adicionales (1,06 millones) por ayudas europeas al desarrollo rural en España tras constatar "deficiencias" en las inspecciones, a la hora de medir las parcelas beneficiadas, en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, en las medidas medioambientales y en las acciones específicas para las regiones menos favorecidas.
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