La Comisión Europea ha obligado a España a exigir a las comercializadoras de electricidad que le informen de los precios que cobran a los consumidores finales para poder entregar a la Oficina Estadística Europea, Eurostat, unos datos comparables a los del resto de países. La exigencia, una obligación impuesta por la Comisión desde 2016, todavía no se había trasladado a la normativa española, ya que el Gobierno pidió una excepción en el año 2018 para dar a conocer estos datos. Ahora, transcurrida la prórroga solicitada a Bruselas,
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