En noviembre de 2011, Esperanza Aguirre presentó una reforma legal "responsable, necesaria y realista" para eliminar 103 empresas y organismos públicos. Presumía la entonces presidenta regional de que, con esta medida, ahorraría a los madrileños 600 millones de euros, incluyendo en esa cifra los salarios de 18 directivos y 8 altos cargos. Sin embargo, algunos de estos cargos —la mayoría personal de confianza elegido a dedo por el Ejecutivo regional— ha tenido más suerte y ha tardado poco en encontrar un nuevo acomodo en la Administración Públic
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