los acuerdos presuntamente vulneran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución española, en lo referente a la libertad de pensamiento y conciencia, a que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia y a la no confesionalidad del Estado. Las mismas hacen un llamamiento a la sociedad y a la comunidad educativa “para que se movilice y exija a los poderes públicos y a los partidos políticos una rectificación, con el fin de avanzar hacia un modelo de escuela pública laica, integradora y democrática"
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