Los arrestados usurparon la identidad de un abogado y de una fiscal para hacerse pasar por letrados del Instituto de la Vivienda de Madrid. Centraban sus engaños entre los vecinos del barrio de La Ventill, y era tal el grado de confianza generado que incluso les contrataban para otros asuntos personales. Los ahora arrestados entregaban falsos contratos con sellos que supuestamente eran oficiales. Las víctimas aportaban a cambio hasta 1.500 euros en calidad de depósito.
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