El Defensor del Pueblo considera que la última reforma de la Ley de Tráfico, que agilizó el procedimiento sancionador e introdujo novedades con una rebaja del 50% de la multa por 'pronto pago' o la responsabilidad subsidiaria del titular del vehículo por algunas infracciones cometidas por un tercero, no es contraria a ningún derecho fundamental.
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