Los profesores gallegos tendrán condición de "autoridad pública", de modo que contarán con "protección jurídica" específica y con la necesaria presunción de veracidad para el mantenimiento de la "disciplina". El citado texto normativo tiene como objetivo "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que "permitan mantener un clima de convivencia a través de la restauración de ciertos valores y comportamientos" y "dignificar" la profesión docente.
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