El Defensor del Pueblo inicia una investigación de oficio por el hacinamiento en las instalaciones escolares en España. La Defensora habla de la "insuficiente capacidad de las instalaciones escolares y las medidas de carácter provisional (...) que se traducen en la habilitación para su uso como aulas de espacios previstos para otros fines, el incremento de alumnos por aula o en la instalación de aulas prefabricadas".
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