¿es lógico, desde el punto de vista de la política criminal, mantener como delitos perseguibles de oficio las infracciones al derecho de autor? Si el Estado español no puede asumir los gastos de protección que genera la piratería en el mundo real, mucho menos debe asumir los gastos que genera la persecución de la mal llamada piratería virtual. Así pues, y del mismo modo que se le dijo a los atuneros: que "La Coalición" contrate mercenarios.
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