La consulta a los padres sobre el idioma en que sus hijos deben recibir la enseñanza, tal y como la plantea la Xunta, es "contrario al ordenamiento jurídico", infringe "preceptos constitucionales", "vulnera la Lei de Normalización Lingüística de Galicia", "no respeta cabalmente" su mandato, "conculca el principio de seguridad jurídica",...
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