Según la directora de marketing de Universal Pictures en Finlancia, Meri Suomela, la compañía decidió saltarse la inspección estatal para ahorrarse unos durillos. Al parecer, las autoridades finlandesas cobran 2 euros por minuto del visionado para clasificar y etiquetar el material cinematográfico antes de salir al mercado y castiga a los distribuidores que se saltan el trámite con la prohibición expresa de vender el material a menores.
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