Según la acusación, adjudicó obras de forma irregular en 2004 al hermano de un concejal de la Junta de Gobierno. La Fiscalía ha pedido ocho años y nueve meses de inhabilitación por prevaricación. Además del alcalde, expulsado del PRC (el de Revilla) al inicio de esta legislatura y declarado tránsfuga por el Pacto Antitransfuguismo, el Ministerio Público también solicita que se inhabilite al resto de componentes de la anterior Junta de Gobierno municipal.
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