La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los hechos que rodean al supuesto “chivatazo” del caso Faisán son delictivos pero no pueden ser considerados como un delito de colaboración con organización terrorista, sino un delito de revelación de secretos del que comete el funcionario público que revela informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas.
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