El fiscal Pedro Crespo acaba de reclamar que se revoque el fallo que paralizó la tramitación parlamentaria para evitar "perturbadoras" consecuencias futuras. Para Crespo, aquella decisión no debió ocurrir y debe quedar anulada. La urgencia con la que se adoptó el fallo partió de "un prejuicio" político y concedió al TC una habilitación para la que —considera— no existe previsión normativa alguna en todo el ordenamiento jurídico español.
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