Muchas familias, por una vivienda, soportan largos procesos judiciales por la corrupción inmobiliaria, mientras que los "curritos legales" pagamos las hipotecas. El desmadre urbanístico y la corrupción exigen al poder legislativo y ejecutivo una nueva actitud más proactiva que reduzca el impacto sobre la vida de tantos ciudadanos. Necesitamos ¿una guerra preventiva?. Los "paganos" no debemos dejar ni hablar de una "Ley de Punto Final". Un partido exige un debate parlamentario, pues bien. Apabullar a los corruptos.
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