A fines de 2006, los diputados provenientes de las provincias con mayores problemas de deforestación (opositores u oficialistas) hicieron lo indecible para detener el tratamiento en particular de la llamada ley de bosques que, pese a las violentas presiones, había obtenido aprobación en general. La ley incluía dos tópicos clave. Por un lado, la declaración de una moratoria, que detuviera todos los desmontes (legales o no, obviamente).
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