Los empleados seleccionados por las consellerías cobrarán un sobresueldo que llegará a 2.000 euros mensuales si resuelven una decena de conflictos al día. Según el texto que maneja la Xunta para presentar hoy a los sindicatos será cada consellería de origen la que decida si un funcionario determinado puede o no irse temporalmente a Consumo y será la Dirección Xeral de Función Pública la que determine el tiempo. Queda así en manos de la decisión política del Gobierno la capacidad de elegir a un funcionario u otro.
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