El manual para la lucha contra la violencia machista promovido por el Ejecutivo valenciano incluye una serie de cláusulas que comprometen a la Administración y a los medios de comunicación. Aunque sin fecha marcada para su aplicación, figura que "las administraciones públicas valencianas no contratarán y /o subvencionarán medios de comunicación que utilizan la cosificación de las mujeres y la prostitución". Además, el acuerdo insta a la sociedad a realizar denuncias colectivas a través de asociaciones de consumidores y entidades feministas.
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