Alargar la vida laboral de las mujeres es la mayor garantía de supervivencia de las pensiones públicas, según el Gobierno. Así, las aportaciones femeninas a la Seguridad Social, truncadas en la actualidad de manera significativa a los 54 años, serían suficientes para afrontar el incremento del gasto generado por un mayor número de beneficiarios, por unas prestaciones más altas y por la ampliación de la esperanza de vida.
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