Por vez primera en España, una norma legal de carácter general reconocerá "el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública". El texto parte del reconocimiento del derecho constitucional a saber. Por tanto, no es el ciudadano quien debe justificar su interés en conocer un dato, sino que es la Administración la que debe explicar su negativa a facilitárselo. La corrupción lo tendrá más dificil porque los Ayuntamientos deberán entregar copias de los acuerdos.
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