Algunos funcionarios no han conquistado siquiera la categoría de mileuristas. Los sindicatos han propuesto al Gobierno desterrar esos salarios ínfimos que aún persisten en la Administración pública fijando un sueldo mínimo de 1.000 euros mensuales brutos para el año próximo. El Ejecutivo se muestra receptivo a adoptar esta medida, que afectaría a un 6% de los funcionarios de la Administración central.
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