El Gobierno tendrá un plazo de tres meses, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Convocatoria de una consulta en Euskadi que previsiblemente aprobará mañana el Parlamento de Vitoria, lo que supondrá su suspensión automática.
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