La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada por supuesto espionaje político, adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias, el perito que encargó a dedo hace un año el consejero de Interior, Francisco Granados, para realizar un informe grafológico que desmintiese el caso de supuesto espionaje.
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