Todo a pesar de haber recibido recibido 23 millones de € procedentes de la Administración Central para acometer su puesta en marcha. Madrid se encuentra a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras la mayoría de las CC.AA. han puesto en marcha espacios de concertación con los agentes económicos y sociales, han creado los comités consultivos, han aprobado normas que regulan procedimientos, han establecido dispositivos y se han dotado de profesionales para la valoración de las situaciones de dependencia.
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