Los servicios de Hacienda no han de utilizarse como instrumentos de recaudación para la Iglesia, como ocurre hoy con la casilla del 0,7% del IRPF. Además, debería someterse a revisión la principal fuente de financiación de la Iglesia, que son los cerca de 5.000 millones de euros al año que el Estado le concede por concepto de conciertos educativos, exenciones de impuestos, ayudas a la conservación del patrimonio artístico, pago de profesores de religión y capellanes, etc.
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