Los derechos sociales son universales, no pueden depender del nivel renta de las personas o de las familias. Mercantilizarlos sería una expropiación de derechos universales conquistados. Si los derechos sociales no se venden ni se compran, su financiación sólo puede provenir de la exacción democrática, tributaria, de impuestos, al conjunto de la población. Nada se resolverá, en lo sanitario y en lo económico, sin el concurso de lo público, sin el Estado y sin justicia fiscal suficiente, a pagar por todos democrática y progresivamente.
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