El ingreso se decretó una vez que los dos menores de edad (el presunto agresor y el menor que supuestamente grabó con su teléfono móvil la paliza) prestaron declaración ante el poder judicial. De este modo, el internamiento fue decidido en función de "la problemática personal del menor" –el presunto agresor– y las "circunstancias del caso", y tras conocer las consideraciones del equipo técnico al servicio de la Justicia de Menores.
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