El texto propone endurecer las penas para delitos urbanísticos, malversación, cohecho o tráfico de influencias; un régimen de incompatibilidades estricto para cargos públicos y la obligación de que los concejales investigados sean apartados del cargo mientras los jueces deciden. También pide crear un registro público de billetes de 500 euros y otro de recalificaciones de suelo. IU ya consiguió la pasada legislatura que se fijase un salario máximo a los alcaldes.
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