Esta insólita sentencia defiende el «derecho a la tranquilidad» de los inquilinos, que dicen haber sufrido un infierno de ruidos, suciedad y denuncias.Los hechos han tenido lugar de forma reiterada desde el año 2003.La novedosa resolución no sólo prohíbe a la mujer acceder a la vivienda de su propiedad, sino también hacer uso del resto de elementos comunes del inmueble y votar en las juntas de la comunidad durante idéntico periodo.
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