El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó hoy la apertura de juicio oral contra ocho directivos de Sintel, a los que acusa de un delito de insolvencia punible y otro contra la Hacienda Pública por llevar a la quiebra a la empresa en el año 2001. En 2001, más de 1.800 trabajadores de Sintel perdieron su empleo tras quebrar la empresa, antigua filial de Telefónica y que la compañía vendió en 1996 a la familia cubano-americana Mas Canosa, y dejar un agujero patrimonial superior a 59,36 millones de euros.
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