María - nombre ficticio - prestó ayer declaración en el juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que instruye este proceso. Es la primera vez que un juzgado abre diligencias por la denuncia de una afectada por estas prótesis mamarias. Esta joven pide responsabilidades a la clínica, al cirujano que la operó, a la distribuidora de estas prótesis y a la compañía francesa PIP. Su letrado, Sergio Marco, ha presentado además una reclamación patrimonial -también admitida- al Estado.
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