La Fiscalía sostuvo que Ávila Rojas “urdió una trama para procurar un considerable beneficio económico en claro prejuicio de los compradores de los pisos entre 1978 y 1983”, pidiendo una condena de siete años por delito de estafa y siete por falsedad. Condena que quedó proscrita por la Audiencia Nacional al haber pasado más de diez años desde su presunta actuación delictiva hasta su imputación en el caso.
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