España es uno de los pocos países desarrollados en los que la escolarización obligatoria supone un esfuerzo económico muy considerable para las familias, pese a que el artículo 27 de la Constitución consagra el derecho a estudiar y el apartado 4 del mismo artículo establece que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Pese a tan grandilocuente declaración casi un tercio de las familias españolas se ve incapaz de asumir el gasto que supone la vuelta al colegio.
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