Los vientos de austeridad que, por obligación o convicción, soplan en las administraciones públicas han dejado al descubierto la sangría de gastos en que incurren las Comunidades Autónomas en Bruselas. Desde los 80.000 euros mensuales que cuesta sólo el alquiler del despliegue catalán en pleno barrio europeo, a las abultadas plantillas que, en varios casos, supera la veintena, pasando por los jolgorios de vino y croqueta que celebran las distintas oficinas regionales en fechas destacadas.
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