La muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado 9 de febrero en Barbate ha suscitado un debate que a mí me desconcierta. Resulta comprensible que, en un primer momento, semejante tragedia solo azuzara una discusión en términos securitarios y de responsabilidades ministeriales. Sin embargo, a casi un mes de los hechos, se debería haber puesto sobre la mesa si merece la pena que dos funcionarios públicos pierdan la vida para evitar que en la Península alguien se pueda liar un porro. Yo tengo claro que no.
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