Un decreto de 2010 del Gobierno de Canarias obliga a que en toda actividad turística, de ocio o restauración de las islas debe haber algún responsable que hable español. El incumplimiento de esta normativa está considerado como falta leve y se castiga con una multa de hasta 1.500 euros. En este caso la sanción fueron 600 euros. La directora general de Ordenación y Promoción Turística explicó que inspectores de su departamento acudieron al local tras una queja reflejada en el libro de reclamaciones.
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