El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra desestimó la demanda y condenó a la SGAE a pagar el coste del proceso judicial para las personas demandadas. El argumento del tribunal es que la Sociedad de Autores no es capaz de probar que se utilizó repertorio protegido, ni puede demostrar que el coste de los conciertos genere casi 13.000 euros de derechos. De hecho, el juzgado asegura que la SGAE ni siquiera constata que se celebraron los conciertos.
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