De esta forma los representantes de los padres de alumnos equiparan a un delito el impago de las becas que, sumadas a las del año pasado y a las de este último curso superan una deuda acumulada por el Consell de más de 40 millones de euros solo por este concepto. El contencioso administrativo costaba 11.000 euros por tasas judiciales a las familias afectadas que todavía no han cobrado las ayudas de hace dos años.
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