El pleno del Parlamento Europeo ha exigido que la legislación comunitaria obligue a las compañías eléctricas a la separación patrimonial entre las actividades de producción y la gestión de redes con el objetivo de aumentar la competencia en el sector, evitar discriminaciones en el acceso a la red y favorecer las inversiones en infraestructuras. Con esta votación, los eurodiputados desafiaron el acuerdo alcanzado recientemente por los Veintisiete.
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