¿Sirve de algo investigar en el Parlamento el engaño a los ciudadanos por entidades públicas o privadas? ¿Por qué se impide crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la quiebra de Bankia o la actividad de Novagalicia, pero se aceptan otras como la del fraude de los ERE en Andalucía, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) o las entidades financieras en Cataluña? ¿Servirán de algo estas últimas o sus conclusiones serán las que imponga la mayoría política?
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