Entiende el juez que si se prohibiesen este tipo de actos por los juzgados tras no haberlo sido por la autoridad gubernativa, "cualquier convocatoria de manifestación quedaría en definitiva sometida al criterio del juez de instrucción (y no a la previsión constitucional de la ley) en base a la simple denuncia de cualquier asociación o particular" que crea que puede cometerse un delito.
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