Mientras la transnacionales petroleras eran acusadas de patrocinar un intento de declarar inconstitucional por el Senado el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, un equipo de fiscales bolivianos examinan ayer la abundante documentación requisada en el allanamiento de la empresa petrolera Andina, controlada por la transnacional Repsol de España y acusada de una cuantiosa estafa al Estado.
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