Uno de los padres a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón, reclama una indemnización a la Consejería de Enseñanza para compensar la ‘no percepción del servicio público’ al que estaba obligada, y el ‘déficit de aprendizaje’ y el 'sobreesfuerzo innecesario’ causados a su hija al impedirle ejercer su derecho a ser escolarizada también en español.
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