El reconocimiento del Estado palestino podría, en teoría, llevar a políticos y militares israelíes ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) a causa de la política de asentamientos sobre tierra ocupada que el Ejecutivo hebreo lleva a cabo desde hace décadas en Cisjordania, práctica que es considerada como un crimen de guerra por el derecho internacional.
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