El Gobierno portugués está dispuesto ahora a negociar un periodo de transición de cinco años para aplicar la polémica medida. Durante ese tiempo la indemnización pasaría a ser de 18 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. La iniciativa se produce dos días después de que el Ejecutivo entregase al Parlamento la propuesta que contempla la reducción de las indemnizaciones.
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