El Grupo Parlamentario Popular ha aprovechado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encuentra en tramitación para introducir una reforma en la Ley de Extranjería que permitiría al Estado expulsar a una persona a la que se haya reconocido protección internacional en la Unión Europea y cuente, además, con un permiso de residencia de larga duración.
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