La inmobiliaria Aifos, la principal empresa constructora involucrada en el caso Malaya, destinaba cantidades millonarias de dinero para obsequiar a funcionarios públicos, jueces y notarios, entre otros, para conseguir agilizar y favorecer sus intereses empresariales, según un exhaustivo informa realizado por la Unidad de Delitos Económicos de la policía que aparece en el sumario.
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