Comisiones Obreras teme que en el futuro la empresa privada externa actúe "como juez y parte en el asunto" y especula con la "paradoja" de que la empresa concesionaria tuviese que sancionar por vertidos contaminantes a otra empresa del mismo sector. Esta situación supone un ataque a las "garantías constitucionales de independencia e imparcialidad" puesto que "sería como poner a un zorro a guardar gallinas".
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